Vergüenza nacional: participación de mujeres en el espacio público

por Claudio Fuentes [*]

Hay cargos que parecen privativos para los hombres. Tres ejemplos: nunca en la historia de Chile hemos tenido una Presidenta del Banco Central, de la Corte Suprema, o del Tribunal Constitucional. Hoy, solo 2 de las 74 embajadas de Chile en el exterior son lideradas por mujeres, una cifra 6 puntos menor que en el año 2006. Otro ejemplo, en la historia del Tribunal Constitucional solo 2 de 52 ministros han sido mujeres. No muy bien lo hacen entes como el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República o el más reciente creado Consejo de la Transparencia.

Claramente se trata de un problema estructural. Un país que avanza en materia de desarrollo económico se encuentra muy retrasado en materia de equidad de género en el ámbito económico, social, y político. El indicador de Naciones Unidas de inequidad de género muestra la brecha entre hombres y mujeres considerando una gama de aspectos sociales y políticos. En su versión 2011, Chile ocupa el lugar 44 de las 48 naciones más desarrolladas del mundo. Quizás uno de los datos “duros” más relevantes es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo al PNUD (2009), Chile ocupa el lugar 40, entre las 43 naciones más desarrolladas donde se tiene información.

Otro indicador es el de “Empoderamiento de Género” de Naciones Unidas (2009) que considera posiciones de alto nivel para mujeres, puestos en el Congreso, año de otorgamiento del derecho a voto para las mujeres, presidentas mujeres, entre otras dimensiones. Aquel índice ubica a Chile en el lugar 46 entre las 49 naciones más mayores niveles de desarrollo humano.

Perfectamente alguien podría decir que resulta injusto comparar a Chile con naciones muchísimo más desarrolladas. Si seleccionamos el subgrupo de países con ingreso medio (entre 8 mil y 20 mil US$ per capita), efectivamente observamos menores diferencias, pero incluso en ese subgrupo Chile se ubica en la posición 16 entre 28 naciones, por debajo de Costa Rica, México, Perú y Argentina, por citar algunos países de la región. Ni qué hablar de la cantidad de parlamentarias en el Congreso, donde Chile se ubica en el lugar 37 entre 42 naciones reportadas por el PNUD (2009). Chile está por debajo de la media mundial y latinoamericana.

Por donde se le mire, la situación de la mujer en Chile en términos de las condiciones sociales, económicas y el acceso a posiciones de poder presenta serios desafíos. Ejemplos hay muchos. A nivel del Ejecutivo hoy el 33,9% son gobernadoras, el 26% Intendentas, el 18% Ministras de Estado. En el poder Judicial se repite la historia: hoy el 36,6% son Ministras de Corte de Apelaciones, el 18,2% Presidentas de dichas Cortes, y el 15,4% integrantes de la Corte Suprema. Es decir, mientras más se escala en la pirámide del poder, menor es la participación de mujeres.

La transformación de las relaciones de género requiere sin duda de cambios culturales asociados al patriarcalismo predominante en nuestra sociedad. Pero, en lo inmediato se necesita impulsar una lista de iniciativas en el sistema político, en el Estado y en el sector privado que promuevan decididamente la plena incorporación de la mujer en el espacio de toma de decisiones y de la esfera pública. Entre otros, se requieren estimular mecanismos de cuotas asociados a un nuevo sistema electoral. Se requiere además establecer incentivos para el financiamiento electoral estatal cuando el partido privilegie candidaturas de mujeres; establecer un mecanismo de cuotas para mujeres y financiamiento privilegiado para elecciones primarias—proyecto que se discute hoy en el Congreso; y promover una proyecto de financiamiento permanente de partidos que incorpore la dimensión de acción afirmativa desde su gestación.

A nivel estatal se podría, por ejemplo, establecer una composición paritaria para cargos de alto nivel; privilegiar en el sistema de adquisiciones del Estado a empresas que cuentan con mujeres en las posiciones de toma de decisión; establecer mecanismos de acción afirmativas para el otorgamiento de subsidios, becas, presupuestos basales para Universidades, etc.; definir cuotas para acceso de mujeres a cargos de nivel medio; establecer mecanismos de monitoreo del impacto de las normas que discute el Congreso en las relaciones de género, entre otras.

Finalmente, las relaciones de género no avanzarán si no se aborda también al sector privado. Al respecto, tenemos que promover importantes transformaciones como promover incentivos desde el Estado para incorporar a la mujer en puestos de decisión superior en las empresas; establecer controles serios en la norma sobre igualdad salarial de género; modificar la norma asociada a guarderías infantiles para garantizar la no discriminación de las mujeres; y promover mecanismos para premiar aquellas iniciativas del sector privado que concretamente fomentan la plena incorporación de las mujeres en la empresa.

Se requiere, entonces, de una acción decidida de los actores políticos, gubernamentales y del sector privado a favor de la inclusión de las mujeres en el ámbito público. Hoy constituye una vergüenza nacional el retraso pero más vergonzoso sería experimentar retrocesos, que es la tendencia que en algunos áreas parecen estar observándose.

[*] Licenciado en Historia y doctor en Ciencia Política. Director del Instituto del Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP.

El Mostrador