Tras más de 20 años de penalización por el aborto terapéutico, hoy, 6 de septiembre, la Comisión de Salud del Senado, votó a favor de la idea de legislar en torno a este tema. Con tres votos contra dos se abre el camino a debatir en la Sala la creación de un proyecto que despenalice este derecho que sólo un grupo privilegiado tiene acceso a ejercer en condiciones seguras.
Al mediodía de hoy, la Comisión de Salud comenzó la reunión que tenía como fin votar la aprobación de legislar en torno a esta polémica. Recién ahora se abre la discusión de un proyecto de ley que permitirá terminar con la ilegalización de la interrupción del embarazo en casos muy específicos. Mientras se efectuaba la votación, diferentes colectivos se apostaron en el frontis del Congreso Nacional para manifestarse a favor de la iniciativa.
Los integrantes de la Comisión de Salud que votaron a favor fueron Fulvio Rossi (PS), Guido Girardi (PPD), Mariano Ruiz-Esquide (DC), mientras, quienes votaron en contra fueron Francisco Chahúan (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI).
Los detractores de la votación ya se habían pronunciado respecto al tema. El senador RN, Francisco Chahuán, declaró a Radio Bío Bío que el “proyecto es inconstitucional porque vulnera el derecho a la vida, consagrado en la Constitución”. Al igual que Gonzalo Uriarte quien ha dicho en reiteradas ocasiones que es contrario al aborto en todas sus formas. Ambos siguen las posturas conservadoras de la Iglesia.
Cabe recordar que en 2006, en su facultad de diputados, Marco Enríquez-Ominami, del PS, y René Alinco, del PPD, intentaron hacer algo al respecto, pero no consiguieron grandes logros. Consiguieron poner en debate ciudadano el tema, pero el proyecto que presentaron fue declarado inadmisible en la Cámara Baja.
Actualmente existen tres mociones a discutir respecto al aborto terapéutico: un proyecto presentado por el senador Fulvio Rossi y la ex senadora Evelyn Matthei (UDI) que despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas; un proyecto del senador Camilo Escalona (PS) sobre interrupción terapéutica del embarazo, y una iniciativa de los senadores Guido Girardi, Ricardo Lagos (PPD), Jaime Quintana (PPD) y Eugenio Tuma (PPD) que despenaliza el aborto terapéutico, eugenésico o en caso de violación.
Las mismas tres causales son las que defiende el MILES (Movimiento por la interrupción legal del embarazo, Súmate), agrupación que reúne organismos sociales, ciudadanos y parlamentarios, tales como la Corporación La Morada, Radio Tierra, Flacso Chile, Aprofa (Asociación Chilena de Protección de la Familia), Católicas por el Derecho a Decidir Chile, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC); Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Observatorio de Género y Equidad.
Rosario Puga, de la Corporación La Morada, comenta que “hasta el ‘89 se reconocía el aborto terapéutico, pero durante el último año de dictadura se derogó; eso significa que no se ha dado una discusión democrática, nosotros estamos disponibles para discutir con las iglesias y grupos de creencias. Lo que no estamos dispuestos a seguir aceptando es la censura que algunos sectores de la sociedad le han impuesto al tema”.
Soledad Barría, vocera de ‘Miles’, ex ministra de salud de Bachelet y militante del Partido Socialista, indica que de 180 países en el mundo, 170 aceptan el aborto terapéutico, con al menos dos de estas tres causales. La mayoría lo acepta hasta las 12 semanas de gestación, etapa donde el sistema nervioso no tiene madurez importante, “es perecido a una muerte cerebral al final de la vida”. En muchos lugares se considera que en esta etapa no se ha consolidado un ser humano propiamente tal.
ALGUNA VEZ FUE LEGAL
Hasta 1989 existía una legislación que permitía el aborto terapéutico, pero ese último año de dictadura se derogó el artículo 119 del Código Sanitario, el cual decía que “Se podrá interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos”. En lugar de esto Chile tipifica y castiga en el Código Penal el delito del aborto en su artículo 342. El cual versa que el que maliciosamente causare un aborto será castigado:
1° Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada.
2° Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer.
3° Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere.
Sólo 10 países del mundo tienen absolutamente penalizado el aborto en el mundo: El Salvador, Irlanda, Malta, Honduras, Vaticano, Luxemburgo, Andorra, Filipinas, Somalia y Chile. Estas leyes quedaron tras la dictadura, sin embargo, un porcentaje alto de la ciudadanía no está de acuerdo con ellas.
CHILE APOYA EL ABORTO TERAPÉUTICO
En 2009 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizó un estudio acerca del aborto terapéutico a los países de Chile, México, Brasil y Nicaragua. Respecto de nuestro país resalta que el 66,7% cree que es necesario el aborto terapéutico en caso de violación; el 64,4% está de acuerdo en caso de peligro de la vida de la madre y el 64% en caso de malformación del feto.
Como ‘Miles’, apoyan la legislación del aborto terapéutico bajo tres causales:
- La inviabilidad fetal: que se pueda interrumpir el embarazo en todos aquellos casos en que se demuestre la inviabilidad de la vida del feto fuera del útero, vale decir una mala calidad de existencia.
- Riesgo grave para la salud de la mujer: se pueda intervenir cuando el desarrollo del embarazo pone en riesgo la vida, ya sea negando el acceso a algún tratamiento o simplemente por patologías propias que comprometen su derecho a la vida.
- Embarazo resultado de violaciones: supone que la mujer puede decidir el embarazo resultado de un hecho de violencia que puede afectar su salud mental y su salud física.
SÓLO ALGUNOS PUEDEN
En Chile se practican más de 160 mil abortos al año y la tasa de muerte por embarazo más alta corresponde, precisamente, a la de estos procedimientos mal practicados. Mientras que según el estudio de Flacso, ocurren 15.979 abortos al año por causas de salud, como lo son los abortos ectópicos.
Según el mismo estudio, el 87,4% de los chilenos está de acuerdo con que los pobres están más expuestos a abortos riesgosos. Así lo aclara Adriana Gómez Muñoz, de la RSMLAC, “estamos con ‘Miles’ entendiendo que el aborto es un tema de derechos humanos, salud pública y justicia social, el cual afecta a mujeres pobres, no a las mujeres ricas”, afirma.
Rosario Puga Moller, dice que “todos los días se hacen abortos, pero sin legislación, lo cual es injusto. Es necesario entregar condiciones de seguridad y derecho. No se puede repetir otro caso como el de Karen Espíndola”.
Karen Espíndola es una mujer que solicitó una interrupción de su embarazo en 2008, debido a que su hijo fue desahuciado a las 12 semanas de gestación por una anomalía al cerebro, Holopronsencefalia. A Karen le negaron el aborto y tuvo que completar el periodo de su embarazo y debió ver sufrir a su hijo hasta que murió a los dos años.
Otro caso es el de Claudia Pizarro (2010), quien llevaba un feto de 38 semanas que no desarrolló su cráneo ni cerebro, y afectada de una lesión que podía generar un cáncer cérvico uterino, agudizó la discusión política y ciudadana al exigir ante las autoridades la posibilidad de defender su vida.
“Estamos ante una imposición injusta. Al final tienes que decidir en el ámbito privado si te intervienes o no, si tienes los recursos, si tienes la red de contactos y si tienes el médico a favor”, reclama Rosario Puga.
Soledad Barría dijo: “Seguimos escondiendo la cabeza como la avestruz y barriendo debajo de la alfombra. Hoy se hacen interrupciones en el embarazo, pero algunos lo pueden hacer y otros no. Necesita una legislación, y que no se siga mintiendo en el país.” La ex ministra de Salud compara con la ley del divorcio y dice que “no era necesaria porque existía la nulidad, pero se separaban los que tenían el dinero para hacerlo”.
Flacso investigó y probó que el 87,7% de sus encuestados, pensaba que no hay un trato digno a las mujeres que abortan, el 86,4% que no hay infraestructura necesaria para realizar un aborto y el 82,8% cree que no hay personal capacitado para ello.
Fuente: El Ciudadano
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