Carta de Lidia Casas a El Mostrador
Sr. Director:
El alto mando de Carabineros se quejó por la cobertura de prensa que ha recibido la actuación de la institución frente a las movilizaciones sociales en el diario New York Times. Pide una mirada más objetiva, ya que a su juicio los abusos y situaciones de las detenciones serían hechos excepcionales. Tengo la obligación de refutar lo señalado. En lo personal, en mi calidad de abogada del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, al igual que una de mis colegas, hemos intervenido en detenciones en Comisarías.
Una en la comuna de Ñuñoa y la otra en Santiago. En ambos casos, no pudimos comunicarnos con los detenidos, pese a ser abogadas y reclamar de la situación. En estas situaciones había menores involucrados y debimos recurrir al juez de garantía de turno. En la detención masiva de 34 estudiantes de Ñuñoa el juez llegó hasta la Comisaría de los Guindos a constatar la situación de los detenidos, mientras que el otro juez con jurisdicción en la comuna de Santiago se negó siquiera a tramitar el amparo pese a saber que había un detenido herido y una niña de 10 años junto a su padre. La detención de estos últimos se produjo por tener la mala suerte de cruzarse con fuerzas especiales mientras iban en un bus del Transantiago camino a un partido de la Universidad de Chile.
Este ciudadano de a pie, mero hincha, fue bajado del bus junto a su hija por reclamar de una situación injusta: el exceso de violencia policial mientras otra persona era mordida por los perros policiales. En este caso, mi colega, que era otra pasajera más del bus, se bajó y concurrió hasta el lugar de la detención. Al término de la detención sin cargo alguno, el personal policial señaló a los detenidos que los abogados de derechos humanos eran “simples muertos de hambre”. Pobres no somos, los pobres de este país son muchos, con o sin CASEN, con y sin trabajo, y es irrisorio caer en el exceso verbal de la policía, de la misma manera que lo es cuando el Presidente de la República dice pertenecer a la clase media. Nuestro ciudadano de a pie solo nos ha dicho que esto le sucedió “por ser pobre y reclamar”. Mantener un discurso de que no existen prácticas sistemáticas de abusos es revivir el relato no tan distante de nuestra historia, en que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura eran “excesos excepcionales”.
Lidia Casas Becerra
Abogada, investigadora del Centro de Derechos Humanos
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
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